Dicen que la economía es cuestión de confianza.
Evidentemente, esto no es cierto al 100%, pues también hay un valor, una riqueza que subyace a las operaciones, y que debe soportar y apoyar dicha confianza. Si no es así, y la confianza y las expectativas superan los retornos esperados, es decir cuando perdemos dinero, es cuando se pinchan las burbujas.
La cuestión es si un Gobierno, una empresa, una persona o un grupo de personas pueden influir lo suficiente en la economía como para impedir una incipiente crisis. La sospecha de que la globalización ha construido mercados globales independientes de los gobiernos, así como las teorías más liberales, nos dice que ninguna intervención podría detener una crisis sin causar otra mayor.
Sin embargo, ¿es esto así? La experiencia nos dice que incluso las personas que se dicen más liberales esperan el rescate público cuando los problemas les afectan a ellos. No sería la primera vez que ante una perdida patrimonial, la gente se guarda sus principios en el bolsillo para sacarlos la próxima vez que luzca el sol.
Es el momento de pensar actuaciones públicas eficientes que fortalezcan la economía y permitan una transición efectiva del empleo de sectores de más baja productividad hacia otros más modernos y ágiles.
Las medidas deberán tomarse mirando tanto al corto como al medio y largo plazo, y en mi opinión, nunca deberían ser ayudas directas, sino actuaciones sobre la oferta que aumenten la productividad y la eficiencia, sin dañar la estructura del empleo estable.
¿Un ejemplo? Introducir, de verdad, reformas agrícolas eficientes en toda Europa que permitan un cambio de cultivos hacia plantas oleaginosas útiles para producir biodiesel y etanol, desde los cultivos agrícolas menos productivos que tenemos hoy en día.
Los gobiernos deben dar señales claras de que sus actuaciones van en la línea de fortalecer la economía, mejorando infraestructuras tecnológicas, energéticas, la educación, etc.
Y en el caso de España, además, creando un modelo de turismo sostenible basado en políticas racionales de conservación, consumo energético y de agua responsable y protección ambiental.
